Abinader sería el tercer presidente en proponer impuestos diferidos

También será el segundo mandatario en hacer reforma fiscal en tiempo de crisis causada por factores externos

Si finalmente el presidente Luis Abinader presenta al Congreso Nacional un proyecto de reforma fiscal para aplicarla el próximo año 2022, se convertiría en el tercer mandatario en proponer impuestos de aplicación diferida. Salvador Jorge Blanco y Danilo Medina lo hicieron.

También continuaría una práctica de los presidentes de las últimas cuatro décadas, de presentar proyectos impositivos entre el primer y segundo año de gestión. Y al igual que los anteriores mandatarios, los impuestos serían una vía de enfrentar dificultades financieras.

El presidente Abinader sería también el segundo mandatario en proponer reformas fiscales para enfrentar crisis económicas por factores externos e igualmente el segundo en tener que recoger una propuesta original para modificarla.

Leonel Fernández tuvo que enfrentar la crisis financiera internacional de los años 2008 y 2009 con medidas impositivas, y Danilo Medina tuvo que modificar la propuesta que a modo de borrador presentó a pocos meses de posesionarse en el 2012, para una reforma fiscal. En esa propuesta variada se gravarían con el ITBIS prácticamente todos los productos alimenticios. Se modificó y solo se incluyeron ocho renglones, incluyendo azúcar, café, yogurt, mantequilla, entre otros.

Abinader, en una especie de anexo al proyecto de Presupuesto General del Estado 2021, propuso varios impuestos transitorios que amenazaban con generar protestas. Los impuestos fueron retirados.

En declaraciones recientes sobre el tema, el presidente Abinader dijo que ya en el Gobierno se discute la reforma y que en cualquier momento presentará a discusión la propuesta al Consejo Económico y Social (CES). “El Gobierno está trabajando en esa propuesta. No estamos hablando de algo simple. Estamos hablando de algo que afecta a todo el país, a algunos de manera positiva y a otros de manera negativa en términos de pagar más impuestos”, dijo en la ocasión el mandatario.

Mientras el mandatario decide si se acoge a la modalidad histórica de los anteriores presidentes de aprovechar la primera mitad del periodo gubernamental para incursionar en el mundo impositivo, ya han surgido voces de economistas y políticos que consideran en que el momento actual, donde se impulsa una reactivación económica, sería un contrasentido subir o crear impuestos.

Pero organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) insisten en sugerir que el país requiere de reformas fiscales.

La racha impositiva

La inclinación impositiva de los presidentes la continuaron los sucesores mandatarios Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, con el común denominador de que todos hicieron sus propuestas al inicio de gestión.

Todos los presidentes del 1982 a la fecha crearon impuestos, pero no todas las iniciativas impositivas tuvieron el alcance o categoría de reforma tributaria.

Hubo un “receso fiscal” obligado del 1996 al 2000.El Gobierno de entonces, que correspondió a la primera gestión del hoy tres veces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, quiso debutar con una propuesta de reforma tributaria, bautizada entonces como el “Paquetazo”, que fracasó en el Congreso. Al presidente Fernández le tocó gobernar su primer período sin mayoría en el Congreso, igual que a Guzmán Fernández.

En el fracaso del intento del Gobierno de Fernández se combinaron dos factores: un error de presentación y la minoría legislativa con que contaba el Gobierno de entonces.

Pero no fue un fracaso definitivo ni duradero para Fernández. Entre el 2004 y el 2012, en sus períodos gubernamentales segundo y tercero, Fernández aprobó tres reformas.

Mientras que Balaguer dejó pasar el primer período de su segunda ronda del regreso al Palacio Nacional sin cambios trascendentes en el sistema impositivo. En 1988 aprobó un Impuesto a las Viviendas Suntuarias y Solares (IVSS), incorporando al esquema impositivo la categoría de impuestos al patrimonio. Ya en el 1992 produjo la que hasta el momento se considera como la más profunda reforma al sistema impositivo dominicano, la cual tocó tres fuentes posibles de gravar: el ingreso, el consumo y la riqueza.

Esa reforma, aprobada mediante la Ley 11-92, llamada Código Tributario, aumentó entre otras cosas, la tasa del ITBI de 6 % a 8 %, y le agregó una serie de servicios.

Del 1992 hasta el 2000 no se crearon nuevos impuestos importantes, dándole al sistema impositivo otra tregua importante, debido entre otras causas, al fracaso de la propuesta del “Paquetazo”, que buscaba, entre otras cosas, gravar los activos de las empresas.

Cuantitativamente, la administración del presidente Hipólito Mejía tiene el mayor número de incursiones impositivas en un período de cuatro años. En el primer año de gestión aprobó las leyes 147-00 y 112-00 y al siguiente año aprobó la 12-01. La primera ley subió la tasa del ITBIS de 8 % a 12 %, y modificó la proporción del cobro del anticipo del Impuesto sobre la Renta (ISR), para alcanzar un 100 % del impuesto liquidado, pagadero en tres cuotas de 50, 30 y 20 %. La ley 112-00 de Hidrocarburos creó un impuesto específico a las gasolinas, gasoil, fuel oil y otros derivados, que comenzó con RD$18.00 por galón a la gasolina premium y RD$15.00 a la regular, con mandato de indexación trimestral.

Al inicio de su segundo gobierno, el presidente Leonel Fernández presentó dos leyes de reformas, la primera como respuesta a la crisis económica que heredó, originada en la crisis bancaria del 2003, y también para compensar la pérdida de ingresos fiscales que se aproximaba con la entrada en vigencia del DR-Cafta, firmado en agosto del 2004 y que entraría en vigencia casi dos años más tarde. Ese acuerdo eliminaba progresivamente los aranceles a productos importados desde Estados Unidos y Centroamérica.

Fernández también presentó un proyecto de rectificación tributaria y luego uno de emergencia, por los efectos de la crisis financiera internacional. En esas incursiones, los combustibles fueron objeto de impuestos tipo ad valorem, y los juegos de azar también fueron objeto de gravámenes.

De su lado, el presidente Medina estrenó su gestión 2012-2016 con una propuesta de reforma tributaria, que parecía la segunda reforma más abarcadora, pero que en el proceso de discusión se fue reduciendo. Se estimó originalmente que produciría un 2.5 % del PIB. Pero lo realmente cobrado sumó apenas un 1 %. El para la ocasión director de la DGII, Guarocuya Félix, culpó de ese descenso a lo que llamó “contrarreforma” que se hizo posteriormente.

Medina no hizo nuevas incursiones impositivas, ni presentó el Pacto Fiscal que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo y que debió presentarlo a más tardar en el año 2015. Incluso no completó la reforma hecha mediante la Ley 253-12, de la cual dejó algunas figuras en suspenso. En su segundo mandato se limitó a realizar mejoras en la administración de los impuestos creados, principalmente en ITBIS, Impuesto sobre la Renta y en los selectivos a los hidrocarburos.

El escenario actual tiene como actor al presidente Abinader, que al igual que su antecesor, es economista. La incógnita es determinar qué tipo de reforma hará ya que él ha insistido en que los impuestos deben pagarlos los que tienen mayor capacidad de tributar. Parece que planteará un esquema progresivo.

Historial

La práctica de presentar propuestas de reformas impositivas en la “juventud” de los Gobiernos comenzó con la administración que encabezó Antonio Guzmán Fernández (1978-1986). La propuesta buscaba introducir en el sistema impositivo dominicano el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero fracasó en el Congreso, dominado por el entonces opositor Partido Reformista e influenciado por el entonces senador Salvador Jorge Blanco, del PRD, el mismo partido del presidente Guzmán pero de tendencia distinta.

El gobierno de Guzmán, que vio frustrado su intento por imponer en el modelo tributario dominicano la figura impositiva en moda en Amán, que vio frustrado su intento por imponer en el modelo tributario dominicano la figura impositiva en moda en América Latina, no pudo satisfacer sus requerimientos de mayores recaudaciones para financiar el aumento en los gastos producido por el modelo económico aplicado, que se le llamó en ese momento de “demanda inducida” y que incluyó un aumento general de sueldos.

Pero el IVA no duró mucho tiempo en debutar en el esquema impositivo local. Llegó de la mano del gobierno presidido por el doctor Salvador Jorge Blanco, quien ya antes de finalizar el año 1982, es decir antes de los primeros seis meses de gestión, tenía el moderno tributo aprobado aunque con un nombre diferente: Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITBI), al que con el tiempo se le agregaron los servicios como base imposible y la S a su sigla, convirtiéndose en ITBIS. El IVA, peyorativamente definido con el criterio con el significado de “Imposible Vivir Aquí”, inició con una tasa de un 6 %. Ahora es el impuesto más importante del sistema impositivo dominicano y su tasa es de 18 %, con una provisionalidad que busca la eternidad.

Fue el primer impuesto importante en ser aprobado con aplicación diferida. Comenzó a ser cobrado con ciertas concesiones en el primer cuatrimestre del 1983. El comercio minorista ejerció una fuerte oposición que obligó a la Administración tributaria de entonces a emitir normas para mediatizar el cobro.

Aunque el Gobierno y las autoridades fiscales de entonces insistieron en que el nuevo impuesto no tenía impacto inflacionario porque su efecto sería por una sola vez, quedó en el ambiente una creencia contraria, y para la poblada del 1984 uno de los culpables señalados de las subidas de precios fue el todavía ITBI.