Un Estado sin políticas públicas eficientes contra el suicidio

Por Petra Saviñón

El suicidio constituye un problema de salud pública y de educación que de 2020 hasta el año pasado sumó 3, 196 casos. Una tragedia que afecta a la familia en el plano emocional, social y económico y ante la que grupos vulnerables siguen desprotegidos, sin acciones estatales efectivas, campañas de prevención, ni acompañamiento.

Las personas de 65 años o más, que aportaron la mayor cantidad de defunciones, promedian 92 anual, terminan su “tramo productivo” sin garantías de una vejez digna, sin necesidades básicas cubiertas. En los planteles, estudiantes que han atentado contra su vida o perdieron a un progenitor u otro pariente por esa razón, reciben rechazo, críticas de condiscípulos y hasta de docentes.

Las estadísticas oficiales miden este drama desde los seis años, en un primer renglón que abarca hasta los 9 y salvo en 2022, cuando hubo descenso general, esa casilla siempre tuvo números, entre uno y dos decesos. En comparación con esa categoría, la siguiente, de 10 a 14 años, presenta incremento alarmante, que ese cuatrienio fluctuó de 11 a 15.

Similar comportamiento en la población de 15 a 19 años, oscila entre 28 y 35, y en esa etapa es la tercera causa de muerte. Entre los rangos, el más preocupante es el de 40 a 44 años, desde 2021va en ascenso sostenido con media de 63. Los otros presentan altibajos.

En 2020, apertura de la década, el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Cadseci) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) asentaron 597 fallecimientos por este motivo; 2021 cerró con 670 y 2022 con 609; en 2023 fueron 669 y hasta marzo del pasado año 143. Las cifras de 2024 completo no están publicadas, pero una fuente institucional informó que concluyó en 651.

La ausencia de políticas adecuadas en centros educativos y en comunidades y de cuidado a las personas o a las familias en riesgo, fomenta los estigmas y coloca un sello que margina, que dificulta hasta obtener empleo.

Aunque ya los suicidas tienen “derecho” a recibir cristiana sepultura, o sea, a ser enterrados en los cementerios, persiste la sentencia de que no entran al reino de los cielos, y recae, sobre todo, en los hijos, que sufren comentarios despectivos, hasta de parientes. Esta acción puede desencadenar depresión, violencia e incluso otros suicidios.

Además, cuando la víctima deja prole, aumenta la responsabilidad moral y económica del cónyuge, en ocasiones forzado a trabajar más y a interactuar menos con sus vástagos.

El sicólogo clínico Rubén Paulino sugiere priorizar la concienciación, la aceptación y la integración y que los estudiantes y líderes comunitarios sean multiplicadores de estas iniciativas.

El sistema educativo y sus falencias

La incidencia de decesos entre los 6 a 19 años, con una media anual de 40, es una alarma para actuar. Sin embargo, el profesor Ernesto Vantroy Ramírez guarda pocas esperanzas, “dada la respuesta desfavorable y errática de las autoridades”.

Una muestra irrepetible debe ser lo ocurrido a Ana. “A los 14 años tomé unas pastillas y la agilidad de mi madre me salvó. Por sugerencia del siquiatra fue al colegio y le explicó a la directora y a la sicóloga. A partir de ese día, el trato era distinto, mis compañeros y profesores me evitaban”, narra.

Ramírez asegura que, aunque el sistema cuenta con área de Orientación y Sicología, carece de abordaje efectivo, de seguimiento adecuado en el aula y en la casa.

“El mismo Ministerio de Educación coarta toda posibilidad de ayuda en el hogar, con el alegato de hechos aislados (relaciones que rompen con la ética) entre maestros y pupilos. Los profesores tampoco son preparados para lidiar con estas situaciones, porque desde las altas esferas educativas no son fomentadas las relaciones humanas”, afirma.

En 25 años de ejercicio, nunca ha visto una campaña, ni del Ministerio de Educación ni de Salud Pública, lo que lamenta por los episodios sufridos, sobre todo, durante su desempeño en un liceo de Los Alcarrizos, municipio complejo, de la no menos convulsa provincia Santo Domingo, la de mayor cantidad de suicidios.

La sicóloga escolar Ruth Jiménez indica que trabajan con enfoque preventivo, que contempla atención en circunstancia específica y que el sistema ha reconocido en post covid la necesidad marcada de salud mental, en especial con las burlas, pensamientos e intentos suicidas autolesiones.

Insta a observar cambios como ensimismamiento, desaseo, tristeza, distracción, vergüenza, culpa, ausentismo, bajo rendimiento, ansiedad, agresividad, lesiones, consumo de drogas, alteración en el peso, dibujos o escritos sobre la existencia, interés por la muerte.

Ante estas señales, los actores deben referir para el tratamiento oportuno. De los programas para la interacción favorable cita “Cultura de paz” y “Yo te hago coro contra el bullying”.

Su colega María Josefina García indica que el rol de esos profesionales es en gran medida atender a cuestiones planteadas por los maestros, padres u otro pariente, siempre dentro del entorno escolar, por lo que la intervención queda trunca.

“A la oficina del orientador o sicólogo son llevados de común si muestran síntomas, por esto es necesario instruir al personal para que desde que conozca un caso alerte, aunque no vea signos”, expone.

Propone un esquema que involucre a toda el aula, propicie una red de solidaridad, mediante dinámicas permanentes, aunque no haya afectados y cuando los haya, incluir actividades grupales de inserción.

No fue posible conseguir la opinión del Departamento de Orientación y Sicología del Ministerio de Educación, pese a la solicitud tramitada vía la Dirección de Comunicaciones, donde indicaron que gestionarían la petición, pero tras dos nuevos intentos, los mensajes no fueron contestados.

Salud mental, física y pobreza, vinculación

Las autoridades asientan como principales causas de suicidio los males de salud que representaron el 63 %, y que dividen en mentales (60 %) y físicos, en un lejanísimo segundo lugar, 3 %.  En ese mismo porcentaje los problemas económicos y en 15 % la violencia intrafamiliar.