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La necesidad “imperiosa” de elevar la presión fiscal de República Dominicana sigue en el foco, siempre que se toca el tema de la reforma fiscal en distintos círculos de economistas y entendidos en la materia.
Se habla por ejemplo de la urgencia de llevarla de 13.7% del Producto Interno Bruto (PIB) a 21% a largo plazo. Esta medida es considerada crucial para permitir al Estado ofrecer bienes y servicios de alta calidad, realizar inversiones públicas sostenibles y manejar de manera efectiva la deuda pública.
El incremento de la presión fiscal permitirá al país realizar una inversión pública anual del 5% del producto interno bruto –PIB- y alcanzar superávits primarios consistentes, lo que sería vital para bajar la deuda pública.
Presión tributaria o presión fiscal se refiere al porcentaje de los ingresos que los particulares y empresas aportan efectivamente al Estado en concepto de tributos en relación con el producto interno bruto.
Los servicios básicos
Uno de los enfoques clave de distintos foros, incluido uno realizado hace varios días por el Intec, es asegurar que el Estado pueda recaudar suficiente dinero para financiar servicios esenciales como salud, educación, transporte masivo y agua potable. Además, se discute la necesidad de una mayor equidad en el sistema tributario, con el objetivo de transformarlo en un sistema más progresivo que evite la regresividad que actualmente caracteriza al sistema fiscal dominicano. Entre las propuestas presentadas se destaca –por ejemplo- la modificación en la base imponible del anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En lugar de calcular el anticipo sobre el monto del impuesto pagado el año anterior, se sugiere calcularlo mensualmente basado en las ventas facturadas.
Esta medida busca mejorar el flujo de caja de las empresas y evitar el impacto negativo en su liquidez. Además, se planteó eliminar el anticipo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) para incentivar su formalización sin afectar significativamente las recaudaciones fiscales.
Otra medida importante discutida es la implementación de un monotributo que simplificaría las obligaciones tributarias y de seguridad social en un solo pago, y beneficiaría principalmente a las Mipyme. También se propone establecer un marco de vigencia para las exenciones tributarias, lo que garantizaría que estas tengan una fecha de caducidad y se renueven solo si cumplen con los resultados esperados.
El sector eléctrico
Se abordan, además (por ejemplo en el Foro del Intec sobre la reforma fiscal) problemas críticos que requieren reformas adicionales. Uno de los temas principales es el déficit financiero de las empresas de distribución de electricidad (EDE), que el pasado año alcanzó los US$1,539 millones.
La alta tasa de pérdidas no técnicas, del 36%, es comparable con los niveles observados en 2009 y está en ascenso.
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Resolver este déficit podría liberar recursos significativos para financiar proyectos de infraestructura como una línea de metro o la construcción de presas. Se estimó que reducir estas pérdidas requerirá una inversión de entre US$300 millones y US$400 millones anuales durante cinco años.
Desde distintos espacios de diálogo es frecuente escuchar que a pesar de la presión fiscal baja en comparación con otros países de América Latina, las tasas impositivas en República Dominicana son relativamente altas o similares a las de la región.
Un Itbis alto con respecto a la media regional
En República Dominicana, la tasa del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios –Itbis- del 18% es superior al promedio de 14.3% en América Latina, y el Impuesto Sobre la Renta a las Personas Jurídicas (ISRPJ) del 27% es casi igual al promedio regional de 27.6%. Sin embargo, la evasión y elusión fiscal elevadas limitan la recaudación efectiva. La tasa de no cumplimiento del Itbis alcanzó el 56.5% en 2019, comparado con el 38.5% en la región.
El gasto tributario en 2024 se estima en 4.6% del PIB, con el 53.1% de este total originado por exenciones de Itbis. La reforma fiscal debe abordar la alta evasión fiscal y el elevado gasto tributario para mejorar la eficiencia del sistema y aumentar la recaudación efectiva.
Para garantizar una reforma fiscal efectiva se ha venido destacando la necesidad de un Pacto Fiscal (así lo contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo) que tome en cuenta suficiencia, equidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.
Se enfatiza en lo vital de mejorar la calidad del gasto público, evitar la regresividad tributaria, y asegurar que la reforma fiscal promueva el crecimiento económico sin perjudicar el desarrollo de los sectores productivos.