Obtenga actualizaciones en tiempo real directamente en su dispositivo, suscríbase ahora.
Por Bonaparte Gautreaux Piñeyro
Cuando todo parece perdido, el Consejo del Ministerio Público en Barahona respalda irrestrictamente al Procurador Fiscal provincial por la denuncia que hizo el magistrado Iván Ariel Gómez Rubio, sobre cómo autoridades militares juegan con los alijos de drogas y se tiran la pelota unos a los otros, como ocurrió en el caso del patriota Narciso González (Narcizaso).
- Publicidad -
La justicia es un relajo hasta que aparece un émulo del ilustre magistrado juez licenciado Heriberto Núñez, quien declaró ilegal la elección de Trujillo en 1930.
Como es costumbre en la jurisdicción militar, por imposición del tirano Rafael Trujillo, toda autoridad se frena, o la frenan, cuando la justicia toca sus puertas. Los militares y policías de alto rango aparentemente tienen licencia para hacer lo que les venga en ganas, si saben lavar y guardar la ropa.
El fiscal Gómez Rubio denunció que miembros del Servicio Secreto del Ejército retuvieron, sin su presencia, un camión con un cargamento de drogas, en la sede de la Quinta Brigada del Ejército, el cargamento fue trasladado a Santo Domingo. Nunca se supo cuánta droga había en el vehículo hasta que la Dirección Nacional de Control de Drogas habló de la incautación de un alijo de 492 paquetes de cocaína.
¿Se dan cuenta el Ministro de las Fuerzas Armadas, el Procurador General de la República, el Jefe militar en Barahona, el Jefe de la Policía en Barahona, de la necesidad de proteger a los fiscales que denunciaron el oscuro tránsito de un alijo de drogas súper millonario que la investigación necesariamente arrojará sospechas puntuales que permitirán acusaciones contra autoridades culpables de ocultación, manejo doloso, acciones con intención de delinquir?.
Sin ánimo de señalar culpables, sí manifiesto la sombra de duda, de apañamiento, de tender una amplia lona protectora que oculte acciones imperdonables, ilegales, que mancillan, nuevamente, el honor de las Fuerzas Armadas, cuya misión fundamental es la defensa de la Constitución, de la ley, la moral y las buenas costumbres.
Del militar o del profesional policial, se presume honorabilidad, seriedad, conducta irreprochable, comportamiento modélico, no un individuo de accionar indigno y comportamiento ético.
A ninguno de los funcionarios judiciales denunciantes se les puede tocar ni siquiera con un pétalo de rosa, así pues, los Magistrados Bolívar de Oleo, Procurador de la Corte de Apelación, Ulises Guevara, Procurador de la Corte de Apelación de Barahona, Pedro Marte Terrero, Procurador Adjunto de la Corte de Apelación de Barahona, Esteban Sánchez, Procurador Fiscal de Medio Ambiente e Iván Ariel Gómez Rubio, Procurador Fiscal de Barahona, no pueden sufrir ningún ataque, ningún atentado, sin que el dedo acusador apunte hacia las autoridades que intervinieron en el lío de las drogas, que se desconoce, incluso, cuántas pacas tenía el alijo.