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César Alcántara
Desde hace muchos años en la República Dominicana se ha establecido un espacio de reflexión y de acción social conocido como Sociedad Civil, término que proviene de las ciencias sociales y aunque posee diversas acepciones (e incluso autores como Antonio Gramsci niegan su existencia), para el caso de este artículo basta señalar que por “sociedad civil” nos referimos al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de un país que actúan de manera organizada y que, sin pertenecer a la esfera estatal o de los partidos políticos, accionan en la búsqueda del bien común. Bien común que se logra o pretende lograr mediante la implementación de acciones, planes, programas y proyectos de diversos tipos, tendentes a obtener del Estado el cumplimiento de las metas y objetivos que se plantean en beneficio de toda la sociedad. Modernización del estado, modernización e institucionalidad de la justicia, igualdad de género, preservación del estado de derecho, iniciativas contra el lavado de activos y la corrupción administrativa, combate al narcotráfico, participación ciudadana; son solo algunos de los términos que identifican el accionar de la “sociedad civil” criolla. Así, la misma viene a caracterizarse por tres aspectos principales: búsqueda del bien común; accionar fuera de la esfera estatal y desvinvulación de los partidos políticos. En la República Dominicana esta última característica no está bien configurada.
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La sociedad civil, en su mejor acepción, debería abarcar a todos los “entes” sociales que realizan sus acciones y búsqueda del bien común dentro del marco de tales características. Pero aquí no resulta así.
En nuestro país se da un caso muy singular y es la existencia de una “sociedad civil” organizada y estructurada herméticamente en torno a dos o tres instituciones que han logrado monopolizar la “representación” de todo el conglomerado que pudiera abarcar el término. Pero, también, concentran la canalización y recepción de los recursos, donaciones y financiamientos que se invierten en los procesos de reforma que se relacionan con las mejoras en las institucionales públicas. La organización es extrema y meticulosa. Disponen de un conglomerado de casi ciento cincuenta mil “voluntarios” en todo el territorio nacional, bien entrenados y cooptados mediante diversas actividades de participación “comunitaria”. Esto facilita a dichas organizaciones insertarse dentro del discurso político del momento y adoptar cierta narrativa que puede permitirles socavar la base de sustentación social de gobiernos a los que son desafectos.
El monopolio de la “representación” social y de la recepción de la financiación y ejecución de todos los proyectos, planes y programas de modernización, coloca a estas organizaciones en una situación privilegiada a la hora de influir en el curso de dichos procesos. Con este monopolio a su disposición y la contratación remunerada del personal profesional adecuado, muy especialmente abogados con oficinas activas, pueden influenciar en cierto sentido las políticas reformadoras. Pero, hay algo más, estos abogados, que fungen como directores, subdirectores o ejecutivos de dichas organizaciones terminan ubicándose en las academias formadoras de los agentes policiales, militares, de la magistratura, del ministerio público, entre otras. Conocen de primera mano todos los proyectos de reforma, todos los proyectos de leyes que luego serán aprobados, reciben formación profesional y técnica en cada una de las materias; en fin, están un paso o dos delante de toda la comunidad jurídica en cada unos de estos aspectos. De modo que cuando las leyes se aprueban ya los mismos son “expertos” en su manejo y entendimiento. Pero, algo no menos importante, es que estas organizaciones, en los procesos de selección de jueces y fiscales promueven sus candidatos tanto pública como solapadamente. En no pocos casos, personal de las mismas organizaciones logra acceder a dichos puestos. Este accionar crea todo un “entramado” de vínculos y relaciones que no dejará de tener consecuencias futuras en el accionar de las instituciones públicas de que se trate. Los vínculos, creados bajo el favor de las labores “académicas”, con el pasar del tiempo se convierten en oportunidades para “rentabilizar” todo el ejercicio de las labores