Los 60 metros establecidos como límite costero, se van al fondo del mar

os reducimos territorialmente, nos destruimos como país, los límites costeros se reducen cada vez más. La violación al límite de 60 metros de franja marina y costera para las construcciones, impacta de manera directa en la preservación de áreas vitales para la protección de nuestras playas y costas, todo a favor de la denominada “industria sin chimeneas”.

El turismo también cobra su cuota y nos pone indefensos ante cualquier fenómeno climático, atmosférico, sin mencionar el declive costero que cada año se acrecienta. Ya lo hemos visto y vivido, además de que los desechos producidos por estas construcciones, van directo al mar, poniendo en peligro tanto la flora como la fauna marina.

Ordenanzas, decretos, resoluciones, emitidos desde instancias que deben velar por la preservación de ecosistemas vitales, tiene un impacto impredecible en el medioambiente. Más aún, algunas de estas entidades mantienen una rivalidad “oculta” por el protagonismo, y cada cual hace y deshace a su antojo.

La violación a la Ley 305-68 es una constante establecida en zonas costeras-turísticas dominicanas. Se traga parte de nuestras playas, poniendo en riesgo inminente tanto al turismo nacional como internacional.

Panorama acudió a un connotado miembro de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis -Cucho- Carvajal, para tratar la problemática existente.

Sobre este aspecto, Carvajal afirma que “uno de los problemas” –quizá el principal, pensamos–, radica en que solamente el Poder Ejecutivo, mediante decreto, puede permitir cierto tipo de edificaciones y en circunstancias muy especiales.

El turismo es desarrollo, cierto, pero… ¿a qué costo?

“Solo se puede construir en el marco de los 60 metros de costa bajo tres premisas: asunto de seguridad nacional y eso lo decide, por decreto, el Poder Ejecutivo; segundo, permiso de proyectos turísticos y también debe ser con un decreto del Poder Ejecutivo, que también tiene sus límites, pues debe estar acompañado de estudios de suelo, de medio ambiente y la zona en que se va a construir; de parte del Ministerio de Medio Ambiente y tercero, una circunstancia de emergencia que amerite hacer alguna intervención de carácter momentáneo”, indica Carvajal.

Ciertamente, según establece la legislación 305-68, en su artículo 2: “se prohíbe todo tipo de construcciones, aun cuando sean de carácter provisional, en la zona marítima, salvo aquellas que excepcionalmente autorice el Poder Ejecutivo para fines turísticos y otros de utilidad pública”.

Es que la franja de 60 metros es de uso público y nadie puede usufructuarla a su antojo por un permiso otorgado por uno de los ministerios actuantes en esta situación. Nos referimos a los de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Vivienda, Obras Públicas y Comunicaciones y en última instancia, el de Turismo, que ha tomado voz cantante y protagonismo en cuanto a desarrollo de proyectos de este tipo.

“Sin embargo, a todo lo largo y ancho de la costa dominicana existen violaciones múltiples. Lo primero es la ocupación de esos espacios de manera irregular lo que implica caminería, vías de acceso y a veces hasta carreteras internas” refiere el ambientalista.

Esto pone en peligro inminente zonas de protección natural como manglares, dunas costeras y albuferas y otros componentes físicos estructurales de las costas tienen múltiples formas de ser violentadas.

Y la ilegalidad se vistió de legalidad

El problema no es de ahora, ha sido de todos los gobiernos, sin excepción, a partir del segundo gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

La muestra más evidente es el Reglamento 2115, de Clasificación y Normas para Establecimientos Hoteleros, publicado en la Gaceta Oficial 9641 del 16 de Julio de 1984, emitido por el entonces presidente Salvador Jorge Blanco.

Es en esta gestión gubernamental, que se inicia el proceso de ilegalidad, que coloca por encima de la ley vigente, decisiones ¿unilaterales?, sin pensar en el derecho de ley.

Dicho reglamento se mantiene, a pesar de que el “Informe diagnóstico del marco legal turístico y ambiental de la República Dominicana”, realizado en 2017 con el apoyo del PNUD, recomienda su revisión para buscar opciones sostenibles, que no socaven el medio ambiente costero, ya de por sí alterado.

Un derecho inalienable, imprescriptible e inembargable se pierde en el mar

Un derecho establecido en la Constitución y la Ley 64-00 se refiere a los recursos naturales y, el artículo 14, de la primera dice textualmente: “Son patrimonio de la nación los recursos naturales no renovables que se encuentran en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional”.

La Carta Magna expresa en el párrafo correspondiente al artículo 15 que, “los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son ‘de libre acceso’, observándose siempre el respeto a la propiedad privada”.

Boca Chica, Guayacanes, Juan Dolio, tres puntos cercanos a la Capital y la provincia Santo Domingo, se enmarcan en un contexto de irregularidades “autorizadas”.

En Boca Chica, la situación es inenarrable. Restaurantes metidos en el mismo borde de la costa, uno de ellos propiedad del actual sindico, espigones construidos sin reglamentación, plaza de fritureras en el mismo borde de los 60 metros, en block y cemento, amenazan la biodiversidad circundante. Una pregunta tonta, ¿dónde van a parar los residuos, de estos negocios que no cuentan con una planta de tratamiento? directo y en vivo ¡al mar!

Por un turismo sostenible y sustentable

Esta situación, que afecta a todo el litoral costero nacional, inicia un proceso paulatino de cambio, muy lento. Con la implementación de políticas dirigidas a disminuir el impacto directo de las actividades humanas dentro del ámbito turístico, con unos cuantos programas ya establecidos.

El complejo Punta Cana inicia con una propuesta para minimizar el impacto, ya sin retorno, de la barrera coralífera que circunda esta zona, y ha instalado paneles solares para reducir el golpe que los combustibles fósiles y las emisiones de dióxido de carbono han causado al medio ambiente.

Pero lo cierto es que algunas medidas adoptadas ante la situación imperante, no pueden minimizar lo que significa la destrucción de vastas áreas de manglares, reducción de la barrera de dunas tanto en el norte como en el sur del país, ya que muchas de las soluciones adoptadas en un momento dado, volvieron a colocar en el mismo peligro a la zona costero marítima dominicana.

Puerto Plata y zonas adyacentes es un buen ejemplo. Luego del paso de las tormentas Irma y Noel, todo el trabajo de relleno de arena que se hizo en el perímetro de Costámbar, se desvaneció, y hoy, se nota una disminución en toda esa franja costera, con especial énfasis en la península de Samaná y María Trinidad Sánchez, comunidades localizadas debajo del nivel del mar y expuestas a cualquier eventualidad, del tipo que sea.

Mientras tanto… ¿a qué se espera o apuesta? eso lo deciden los ministerios y el Poder Ejecutivo

El crecimiento anárquico de infraestructuras playeras, incluyendo fraccionamiento de carreteras para instalar parqueos privados –Punta Salinas, Baní—o la destrucción de extensas zonas de manglares, barreras protectoras y hábitat de especies marinas, flora y fauna en Montecristi, Samaná, Puerto Plata, La Romana, son un ejemplo del progreso que significa la violación a los 60 metros establecidos por ley.

Ni qué hablar de las violaciones flagrantes y rampantes a nombre y título de una propiedad pública, que es propiedad del Estado y por tanto de todos. ¿Hasta dónde llegará la situación? Eso deben responderlo los ministerios de Medio Ambiente, de la Vivienda, Obras Públicas, las alcaldías que dan permiso de uso de suelo y cobran arbitrios por esto y, claro está, el ministerio de Turismo, que hoy lleva la voz cantante en cuanto a la estructuración y funcionamiento de estos polos turísticos y los que están por desarrollarse.

Estudios van, informes vienen, lo cierto es que como dice el ambientalista Carvajal, “nuestros límites costeros marítimos se reducen día a día, producto de la complicidad de la burocracia por el progreso y para el progreso turístico nacional, y también, de la corrupción administrativa gubernamental”.

Los riesgos a los que nos exponemos

Colapso de costas bajo el nivel del mar. Impredecible. Se nos olvida lo sucedido en 1946, cuando un terremoto fraccionó parte de la isla. Indefensión ante fenómenos naturales consuetudinarios. Una simple tormenta tropical podría convertir en un cenagal o ciénaga, miles de kilómetros de costa. Hundimiento parcial de comunidades costeras desprotegidas por construcciones hechas bajo “permisos oficiales”.

Aumento en el nivel de la marea, que nos expone a riesgos humanos más allá y dentro de los límites de los 60 metros establecidos por ley, producto del efecto invernadero y el cambio climático, cada vez más preocupante.

Mientras tanto, las entidades encargadas de dar respuesta a esta situación, permanecen en silencio. El silencio cómplice de la culpabilidad compartida. En este sentido el país sigue en riesgo, ¡y de qué manera!

La vulnerabilidad como isla en una situación geográfica privilegiada, también nos coloca en un punto de vulnerabilidad estratégica por la composición geomorfológica de la que procedemos como territorio.

En esta nueva temporada ciclónica que inicia, es preciso hacer frente a posibles eventualidades. No son los reportes meteorológicos, ni los operativos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), simplemente es acogerse a lo que establece la ley. En un momento dado, así como surgimos, podemos desaparecer, todo por el afán del progreso y el turismo.