De aprobarse la despenalización del aborto en caso en que la vida de la madre esté en peligro, República Dominicana dejaría de ser uno de los cinco países de América Latina y el Caribe que castiga con cárcel la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, para convertirse en el cuarto en donde en esa causal exime de responsabilidad penal a la mujer y a los profesionales de la salud.
El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua son las otras naciones en donde el aborto está penalizado en todas sus formas, según registra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Aunque en el caso dominicano, según explicaron algunos juristas, si bien no se contempla textualmente en la normativa penal que cuando la vida de la mujer está en juego se puede proceder a interrumpir el embarazo, con un diagnóstico del médico tratante y una autorización judicial, esto se puede realizar.
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En tanto que en Guatemala, Paraguay y Venezuela se permite “con el fin de evitar un peligro para la vida de la madre”, “estén en peligro la vida o la salud de la madre” o “cuando existe amenaza a la vida de la mujer”, dicen los códigos penales de esos países. A ello se sumaría República Dominicana si se aprueba la pieza como propone la comisión de justicia de la Cámara de Diputados.
Solo en Puerto Rico, Uruguay, México y Cuba tienen una legislación que permite interrumpir la gestación a requerimiento de la mujer, es decir, por decisión.