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Cinco de los siete miembros de la Comisión de Veeduría del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) renunciaron a sus funciones, con el argumento de que esa entidad no los toma en serio ni les entrega las informaciones que solicitan para realizar el trabajo que les fue encomendado.
Entre las explicaciones exigidas que se quedaron sin respuestas están las causas de algunas intoxicaciones de estudiantes en diversas escuelas, y la contratación, por tres años seguidos, de suplidores de alimentos que no reúnen las condiciones requeridas.
Los detalles de esos y otros inconvenientes están contenidos en la carta de renuncia enviada el día 7 de este mes al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, por Ana Mitila Lora, Ramón P. Báez, Flavio Rodríguez Méndez, Frank de la Cruz y Johnnie Martínez.
En la misiva destacan que: “No somos tomados en serio. Nuestras más importantes solicitudes de información son ignoradas. Tenemos más de un año requiriendo del Inabie actualizar su portal con informaciones básicas que garanticen la transparencia de sus actividades.
“El Inabie es una institución pública que maneja miles de millones de pesos, por lo que hemos estado exigiendo desde septiembre de 2014, las informaciones que ordena la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeic), no las que el Inabie decida colgar”.
Al hacer esa afirmación destacan que esas informaciones deben estar en un formato manejable y comprensible para la ciudadanía. Las comisiones de veedurías se crearon como iniciativa del Poder Ejecutivo a partir de 2014, con el objetivo de vincular a la sociedad civil en la lucha por la transparencia de las finanzas públicas.
De hecho, el 4 de junio de 2014 el presidente Danilo Medina emitió el decreto 188-14 que define los principios y las normas de las Comisiones de Veedurías Ciudadanas que tienen por finalidad vigilar las compras y contrataciones públicas.
Otras quejas. En la carta enviada a Montalvo los ciudadanos renunciantes plantean que “es imposible para cinco personas de las siete designadas, -las que siempre han participado con su tiempo y entusiasmo- sustituir o igualar, lo que son las funciones de auditoria del Estado como la Cámara de Cuentas y Contraloría de la República.
“No somos auditores, ni expertos en tecnologías de alimentos, por más que nos hemos esforzado en comprender y darle seguimiento a los procesos de compras, contrataciones, intoxicaciones, etc., pero la ausencia de informaciones de parte del Inabie dificulta nuestra responsabilidad como veedores”, expresan.
En el documento también plantean que el decreto 183-15, específicamente el artículo 25, creó malestar entre los veedores del Inabie, porque sus disposiciones impiden que estos informen a la opinión pública lo que ocurre en las instituciones observadas.
“La modalidad establecida limita el necesario proceso de rendición de cuentas. Sin ser abogados ni juristas, entendemos que ante ese decreto los veedores podrían resultar con menos derechos que cualquier otro ciudadano en su facultad de denunciar cualquier irregularidad. O sea, se vulnera la libertad de expresión”.
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Preocupante pie de amigo. Los exveedores también expresan en el documento su preocupación porque, en medio de los escándalos de corrupción conocidos en los últimos meses, “algunos funcionarios argumentan y defienden la transparencia gubernamental basados en la existencia de Comisiones de Veedurías”.
En ese sentido dijeron que con esas afirmaciones se les da un uso político a los veedores, “ya que por lo menos en esta comisión, caracterizada por trabajar arduamente, sabemos de las grandes limitaciones que hay que enfrentar para obtener informaciones completas y oportunas”.
Al expresarse en esos términos dicen que tienen la certeza de que las comisiones de veedurías no garantizan la transparencia ni el uso honesto de los fondos públicos. Cobra espacio el sentimiento de que estas comisiones sólo están sirviendo para legitimar las ejecutorias de funcionarios, expresaron.
Reconocen a Montalvo. Los exveedores reconocen, sin embargo, el empeño de Montalvo y de Yokasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Públicas, para que haya transparencia en el Gobierno.
“Reconocemos su genuino interés en la transparencia y les agradecemos haber puesto en nuestras manos el alto honor de servir honoríficamente al Estado dominicano desde nuestra humilde posición de veedores”.
ZOOM
Los renunciantes
Los veedores renunciantes del Inabie son la periodista Ana Mitila Lora; los empresarios Ramón P. Báez y Flavio Rodríguez Méndez; Frank de la Cruz, representante de la Iglesia católica, y Johnnie Martínez, representante de las iglesias evangélicas.
Otros miembros
La Comisión de Veeduría del Inabie la integraban siete miembros, los dos restantes, que no renunciaron, son Saúl Pimentel y César Matos.