• Rechazo a gravar uso playas

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    El proyecto para cobrar el uso de las playas a dominicanos y extranjeros recibió un rotundo rechazo de representantes del sector turístico, quienes alegan que ese impuesto pondría al país en desventaja competitiva ante otras naciones.

    Asimismo, entienden que los excluiría de los beneficios de certificaciones internacionales, como la de bandera azul.

    Entre congresistas la iniciativa encontró opiniones divergentes. Uno la favorece y augura que será exitosa mientras otro la rechaza. Por el sector hotelero, Enrique De Marchena Kaluche, presidente de la Asociación Caribeña de Hotelería y Turismo; Arturo Villanueva, vicepresidente de Asonahores, y César Vargas Pimentel, director ejecutivo del Instituto de Derecho Ambiental  y coordinador nacional del Programa de Implementación de Bandera Azul, calificaron como desastrosa, populista e insensata la propuesta de ley que sometió a la Cámara Baja el diputado Eugenio Cedeño, del PRD por La Romana.

    El proyecto vedaría la ocupación exclusiva de áreas de playas con cualquier tipo de artefacto como sillas, camas, paraguas y salvavidas. Por igual, la realización de actividades sociales. Contempla el cobro de RD$35 diario al turista mayor de 12 años que se hospede en los hoteles existentes en los polos turísticos del país, y RD$17.50 al ciudadano local para limpieza y ordenamiento de ese entorno.

    Para De Marchena Kaluche, el proyecto atenta contra el desarrollo del sector turístico, atenta contra la competitividad como destino turístico y “sería un desastre mayúsculo, porque parece una venganza por la aprobación previamente al actual texto del artículo 13 de la Constitución”.

    El rechazo por parte de los hoteleros ha sido tan terminante que Villanueva, de Asonahores, sólo se limitó a decir que “es una insensatez, no tiene sentido en estos momentos. Esa es una insensatez que se ha producido. No quiero opinar”.

    Y es, que la pretensión de Cedeño además busca eliminar las prácticas deportivas acuáticas en el área de playa, y la circulación de botes y artefactos que se desplacen en el agua estará limitada a las áreas designadas por las autoridades municipales.

    El proyecto dice que las empresas hoteleras serán agentes de retención del impuesto propuesto, las cuales serán liquidadas mensualmente y consignadas a la DGII.

    Estos fondos, explica la iniciativa, serán especializados y distribuidos en un 60% para los ayuntamientos municipales enclavados en los diversos polos turísticos para ser distribuidos de igual manera al número de habitaciones hoteleras existente, un 10% para equipamiento y soporte a la Policía Turística y un 30% se distribuirá a Turismo para el desarrollo de programas de vigilancia, soporte educación, información y supervisión en los diversos polos turísticos.

    Sin embargo, la narrativa no convence a Vargas Pimentel, director ejecutivo del Instituto de Derecho Ambiental y coordinador nacional del Programa de Implementación de Bandera Azul, por entender que eso no se cumplirá.

    Agregó que es una limitación al derecho de acceso abierto a las playas dominicanas porque éstas gozan de dominio público y “nadie puede abogarse el derecho de no permitir el acceso a la playa de la gente. Afirmó que un proyecto de ese tipo debe de ser mirado muy cuidadosamente porque el usuario tiene que tener derecho de acceso a disfrutar de esos recursos naturales.

    Congresistas, a favor y en contra

    El vocero de los diputados del PRD, José Leonel Cabrera (Neney),  sostuvo que el proyecto es una iniciativa que no tendrá éxito. Aunque  dijo que esa es una prerrogativa que le corresponde por ley al legislador, señaló que este congresista no lo consultó ni con el  bloque del PRD ni con ningún otro legislador.

    Mientras que el diputado  de Puerto Plata,  Félix Castillo considera que es bueno, aunque entiende que es necesario que el mismo sea mejorado básicamente en lo relativo al cobro de impuestos para las personas que vayan a utilizar las playas y ríos.

    El diputado reformista Frank Martínez también se manifestó contrario a  que para un ciudadano hacer uso de las playas, ríos y lagos tenga que pagar impuestos.

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