Compras públicas para integrar a los pequeños agricultores en el mercado

ROMA. Los programas de compras públicas de alimentos están ganando adeptos entre los gobiernos por su forma de ayudar a los pequeños agricultores a vender sus productos con vistas a integrarlos en futuros mercados.

Cada año, instituciones como escuelas, hospitales y organizaciones humanitarias gastan miles de millones de dólares en adquirir alimentos.

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha investigado esos procesos en un estudio, centrándose en la iniciativa “Compras para el Progreso” del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) y otras dos impulsadas por Brasil en ese campo y en la alimentación escolar.

“El modelo brasileño ha tenido gran influencia en Latinoamérica mediante la cooperación Sur-Sur”, apoyando a diversos gobiernos, indica a Efe la especialista de la FAO y coautora del informe Luana Swensson.

Siobhan Kelly, la otra experta de la agencia que firma el estudio, ratifica que siempre ha habido interés en esas compras por parte de países industrializados, algo que cada vez observa más en países en desarrollo por el potencial de unir a los poderes públicos con los pequeños productores.

Si hasta la década de 1990 los países ricos intentaban minimizar costes, ahora lo ven desde una perspectiva más amplia, buscando otros objetivos como reforzar las pequeñas y medianas empresas, hacer la agricultura más sostenible o mejorar la nutrición.

Así, la Unión Europea ha reconocido el papel de las compras públicas a favor del crecimiento “inclusivo”. Entre los países, Finlandia dedica unos 350 millones de euros anuales en servicios de catering y el Reino Unido, 3,000 millones de dólares.

Para Kelly, esos programas (antes más dirigidos a los grandes proveedores) son “muy complicados” y dice que algunos ayudan a los pequeños agricultores a adaptarse a la regulación de las instituciones y, sin embargo, descuidan otros aspectos importantes.

Por ejemplo, puede que esos pequeños productores no tengan la capacidad para responder a la demanda de alimentos, garantizar su buen estado o lograr rentabilidad.

“Un programa no tiene por qué abarcar todo eso, pero sí debe asegurarse de que el vínculo está ahí”, sugirió Kelly, que destacó el trabajo de aprendizaje de las autoridades brasileñas dentro de su estrategia para erradicar la pobreza.

El informe destaca las experiencias de Brasil y Ruanda por crear plataformas institucionales con políticas y reformas legislativas que han servido para coordinar iniciativas e involucrar a los diversos ministerios.

En Ghana y Tanzania, sin embargo, las competencias ministeriales se solapan. Otras veces el problema viene por los retrasos en los pagos o la falta de continuidad en los pedidos, lo que desmotiva a los pequeños agricultores que compiten.

Son muestras de que esos sistemas no son perfectos y van adaptándose. Swensson menciona el proyecto de alimentación escolar en Brasil, que en un inicio se abastecía por medio de cooperativas agrícolas, pero finalmente tuvo que abrirse a productores informales, individuales y pequeños comerciantes.

“Debemos trabajar con todos ellos, porque es así como el mercado está configurado”, subraya Kelly, que también llama a reforzar las cooperativas y clarificar las políticas que les afectan.

En Guatemala, el PMA presenta licitaciones para comprar alimentos a las organizaciones de agricultores y, una vez evaluadas las ofertas, aprueba contratos que fijan el precio, la cantidad y la calidad.

El procedimiento varía en El Salvador, donde los proveedores comienzan teniendo un contrato y luego reciben formación para mejorar aspectos como el almacenamiento de productos, el control de calidad o la contabilidad.

En ambos países, esos programas -a favor del acceso de los pequeños agricultores al comercio doméstico- contrastan con los acuerdos internacionales firmados, como el que abarata la importación de grano estadounidense.

Swensson explica que los programas del PMA y Brasil tratan de pagar al productor el precio de mercado, si bien el principal beneficio es el de proporcionarle una “demanda estable” para que puedan programar sus ventas y acceder a otros mercados.

Los programas de compras públicas “son un excelente laboratorio de prueba para integrar los sistemas alimentarios, incluir en ellos a los actores más pequeños y vincular a los sectores público y privado”, afirma Kelly, que lo ve, además, como un mecanismo de “transformación rural hacia mercados más formales”.